17/04/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Atención. Este sábado, el Congreso de la República, publicó la resolución oficial que dispone la suspensión del excontralor Edgar Alarcón Tejada tras haber sido denunciado como presunto autor del delito contra la administración pública - enriquecimiento ilícito agravado, en agravio del Estado.
Según la resolución, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dicho delito se configura en el artículo 401 del Código Penal.
Asimismo, se dispone la suspensión a Alarcón Tejada del ejercicio de sus derechos y deberes funcionales en tanto dure el proceso penal que afronte en su condición de excontralor.
RESOLUCIONES
De la misma manera, se hizo oficial la resolución del Congreso de la República, donde se informa que el expresidente Martín Vizcarra queda inhabilitado del ejercicio de la función pública por diez años tras el escándalo del caso vacunagate.
A través de una resolución legislativa, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, detalla que esta medida se toma por haber cometido infracción a la Constitución en sus artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 38, 39 y 118 (inciso 1).
Según el congresista Jim Ali Mamani, indicó en Exitosa, que el expresidente y hoy inhabilitado, Martín Vizcarra, se benefició de su cargo de jefe de Estado para vacunarse a espaldas del país y por ello fue inhabilitado en el Pleno del Congreso de ejercer algún sitio en el Estado.
“Ha quedado demostrado a través de las propias declaraciones del doctor Germán Málaga, quien era el investigador principal de los ensayos clínicos, donde incluso reveló que él había sido inoculado con tres dosis (de Sinopharm). Por eso nosotros creemos que ha habido un abuso del cargo y un beneficio propio a espaldas de mucho de los ciudadanos, y también de hasta los propios médicos que han estado a cargo del ensayo clínico”, aseveró.
En otras resoluciones legislativas, se oficializan las inhabilitaciones por ocho y un año, en contra de las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, respectivamente.
En ambos casos la medida fue establecida por haber cometido infracción a la Constitución en sus artículos 38 y 39.
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