Loreto
23/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/04/2026
El pasado 12 de abril, un convoy fluvial de la empresa RICSA que transportaba 10.500 barriles de petróleo crudo fue interceptado en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto.
Un grupo de aproximadamente 25 personas obligó a los tripulantes a desviar la ruta hacia el centro poblado de Providencia, donde la nave permanece retenida. La compañía denunció que al menos siete trabajadores peruanos continúan privados de su libertad tras ser forzados a abandonar la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I.
Exigencia de rescate
Los responsables condicionan la liberación de la embarcación y del personal al pago de S/2 millones en efectivo. Según RICSA, entregaron a la Fiscalía audios en los que se escucha la exigencia. La empresa identificó como promotores al apu de Providencia, Manuel Peraza Sandi, al teniente gobernador Gary Peraza Valera y al dirigente Isaías Saboya Mayanchi.
El vice apu de la comunidad declaró que el dinero serviría como respaldo económico para la población ante eventuales emergencias, como la contaminación del agua. Además, advirtió que ninguna embarcación podrá transitar si no contribuye a la "seguridad económica" de la zona.
Riesgo ambiental y energético
La paralización de la barcaza no solo representa un grave riesgo ambiental por la carga de crudo retenida sin supervisión técnica, sino también un peligro para el abastecimiento energético de la región.
La empresa alertó que queda poco tiempo para disponer de hidrocarburos destinados a la generadora eléctrica de Iquitos, lo que podría dejar a la ciudad sin energía en los próximos días. El posible apagón ha generado alarma en la población y en sectores productivos que dependen de la electricidad para sus actividades cotidianas.
Respuesta insuficiente de las autoridades
Hasta el momento, no se ha obtenido una acción concreta de la Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto, ni de la Policía Nacional. La empresa notificó el caso desde el 17 de abril, pero las diligencias avanzan lentamente bajo la hipótesis de criminalidad organizada. La falta de una respuesta efectiva ha incrementado la tensión en la zona y la percepción de vulnerabilidad frente a grupos armados.
El secuestro ha generado incertidumbre en Loreto. Comunidades ribereñas temen que la violencia se extienda a otras embarcaciones o actividades económicas. Organizaciones sociales han pedido al gobierno central una respuesta rápida y efectiva, mientras que gremios vinculados al sector petrolero advierten que el hecho podría afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad de la producción.
El secuestro de la barcaza petrolera en Loreto expone la fragilidad de las rutas fluviales y la falta de capacidad de respuesta inmediata de las autoridades. Mientras la empresa RICSA pide un operativo urgente, la población amazónica observa con incertidumbre cómo se prolonga un conflicto que pone en jaque la estabilidad regional y la confianza en las instituciones.
