Medidas legales
20/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 20/09/2026
El caso de presunta violencia sexual en el Liceo Naval Almirante Guise sumó una arista tras el incidente protagonizado por Milagros Leiva, quien reveló parte de la identidad del agraviado en televisión nacional.
Ante ello, Jorge Petrozzi, abogado de la víctima, confirmó a los medios que el entorno íntimo del adolescente analiza tomar acciones legales por esta vulneración. El letrado precisó que solo expuso el panorama jurídico, dejando la resolución a los parientes.
"La familia lo está evaluando en este momento. Estaba terminando de hablar con un miembro de la familia y se está evaluando qué acciones se van a tomar, si es que se toman. Ya va a ser decisión de la familia. Yo les he dicho cuáles son las posibilidades porque me han preguntado qué podemos hacer. Pueden hacer esto o el otro, ustedes decidirán qué hacer y qué no hacer; ya no pasa por una decisión mía", señaló.
El origen del problema y la respuesta estatal
Para Petrozzi, el grave error periodístico responde a la presión por obtener detalles, lo que puede derivar en graves errores esporádicos al momento de tratar con información sensible y legalmente reservada.
"Ahí está el punto: todo el mundo quiere más información y se ha ido de boca y originado un problema", reflexionó.
Este desliz, además de generar las disculpas de la presentadora, motivó una rápida respuesta institucional, como lo fue desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual rechazó la difusión de esta información , recordando que ello vulnera el Código Penal y al de Niños y Adolescentes, algo que el abogado aludió.
"Ahorita acabo de ver un comunicado del Ministerio de la Mujer. Para que se dé cuenta de cómo los temas se pueden desbordar y el abogado no puede ser parte de eso".
Cabe recordar que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar, mientras diversas carteras ministeriales advirtieron sobre delitos contra la intimidad personal y violaciones a la protección de datos.
Defensa pedirá sanción de ocho años
Frente a esta coyuntura, Petrozzi remarcó que su labor se centra en el proceso. Mientras la familia toma una decisión, la defensa mantiene su objetivo inalterable contra los agresores, para quienes solicitarán ocho años de internamiento, la máxima medida socioeducativa permitida legalmente para infractores menores de edad.
"Le reitero, yo no puedo ponerme a 'saltar en la tribuna', no me corresponde, no lo debo hacer. Yo tengo que proteger a mi defendido y buscar que se haga justicia. Yo no estoy para ponerme a dar información que no se debe de dar ni para ponerme a discutir o a pelear con nadie", sentenció.
Así, esta controversia evidencia la extrema sensibilidad que exige el tratamiento mediático en casos de menores de edad. Cualquier imprudencia pública corre el altísimo riesgo de revictimizar al agraviado, mientras el foco central de la defensa y de la justicia debe seguir concentrado en aplicar el máximo peso de la ley contra los autores del ataque.
