Medida alcanza a otros implicados
31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 31/10/2025
La Fiscalía formalizó una acusación contra el general PNP Víctor Zanabria, solicitando 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos durante las protestas sociales de enero de 2023 en Lima.
Según la investigación del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), el exjefe policial es acusado por homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión, tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves.
El caso se relaciona directamente con la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, el primer fallecido durante las manifestaciones, así como con las lesiones sufridas por varios manifestantes en el mismo contexto.
Altos mandos y efectivos en la mira del Ministerio Público
La acusación también alcanza al coronel Frank Chang, quien se desempeñaba como jefe de la División de Servicios Especiales durante las movilizaciones. Ambos enfrentan los mismos cargos y una posible inhabilitación de tres años y ocho meses para ejercer funciones públicas.
La investigación, dirigida por la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, sostiene que la represión policial incluyó el uso de bombas lacrimógenas disparadas directamente contra manifestantes, una de las cuales habría causado la muerte de Santisteban.
El Ministerio Público no limita su acusación a los altos mandos. En total, 11 efectivos policiales forman parte de la cadena de responsabilidad. Entre ellos figuran el mayor José Solari, el capitán Gianfranco Tolentino, el brigadier Luis Inga Cerrón, y los suboficiales Cristian Guía y Felipe Pizarro, quienes también afrontan pedidos de 35 años de prisión efectiva e inhabilitación administrativa.
Heridos, responsabilidades y contexto de derechos humanos
El informe fiscal precisa que durante las protestas de los días 24 y 28 de enero de 2023, los agentes bajo el mando de Zanabria habrían empleado fuerza letal y proyectiles de impacto, generando daños graves.
Entre las víctimas se encuentra John Lapa, quien sufrió una herida de bala en la cabeza. Por este hecho, el suboficial Jorge Requejo y el suboficial Ignacio Talledo enfrentan cargos por tentativa de homicidio, con una pena solicitada de 14 años de cárcel.
Asimismo, los mandos intermedios Robert Caballero y Omar Vivanco son acusados de causar lesiones graves a Víctor Salas y Exaltación Alzamora, a raíz del impacto de bombas lacrimógenas. La Fiscalía solicita para ellos cinco años de prisión.
El Ministerio Público incluye además a Mari Silvestre, esposa de Rolando Marcas, y a Juan Vía, entre las personas heridas durante las manifestaciones. Según la acusación, estos hechos forman parte de un contexto de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales desarrolladas en Lima entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
