Demoras en audiencias
16/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 16/09/2025
El presidente de la Asociación de Jueces y Fiscales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, César Sivo, advirtió que los procesos judiciales prolongados afectan directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Durante un diálogo con Exitosa, explicó que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable, proporcional a la complejidad y características de cada investigación.
En ese sentido, Sivo remarcó que la llamada "mora judicial" no solo es un problema de Perú, sino un mal endémico en gran parte de la región.
Aunque reconoció que los tiempos de los procesos han mejorado en comparación con décadas pasadas, aún persisten casos que se extienden durante 10 o más años.
Esta situación repercute especialmente en quienes cumplen prisión preventiva. Según el especialista, históricamente en algunos países hasta un 80% de los detenidos permanecían privados de libertad sin sentencia firme, pese a que la presunción de inocencia debería primar hasta que se demuestre lo contrario.
Un problema estructural en la región
Para Sivo, las causas de la lentitud judicial están vinculadas a la falta de recursos económicos, humanos y materiales. En muchos países de América Latina y el Caribe, los sistemas de justicia carecen de la infraestructura necesaria para responder con celeridad a los miles de procesos en curso.
El jurista recordó que ya en 1986 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos había alertado sobre la grave morosidad judicial en la región, un diagnóstico que, pese a algunos avances, sigue vigente.
Esta situación se traduce en juicios prolongados, afectando tanto a víctimas como a acusados, y debilitando la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Además, señaló que la falta de inversión en justicia no responde únicamente a problemas técnicos o administrativos, sino también a decisiones políticas que históricamente no han priorizado el fortalecimiento del poder judicial.
Recursos y voluntad para combatir la corrupción
Sivo subrayó que, para revertir este panorama, es indispensable dotar a jueces y fiscales de herramientas adecuadas. Tecnología, logística, personal capacitado y presupuesto suficiente son elementos básicos para que las investigaciones avancen de manera eficiente.
El presidente de la Asociación de Jueces y Fiscales de DD.HH. advirtió que un sistema judicial debilitado favorece la impunidad en casos de corrupción, donde están en juego millones de dólares. Invertir en fortalecer fiscalías y juzgados, afirmó, resulta más económico que permitir que la corrupción quede sin sanción.
Finalmente, destacó que una justicia eficiente no solo protege los derechos individuales, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de los países, ya que genera confianza ciudadana e institucionalidad democrática.
