No advierten vulneraciones
07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/04/2026
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú declaró improcedente el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que buscaba anular las medidas de prisión preventiva dictadas en su contra y detener las investigaciones por presuntos actos de corrupción y el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Con esta decisión, el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo y el proceso judicial seguirá su curso en las instancias correspondientes.
Argumentos del TC
El fallo del TC concluyó que no se advierten vulneraciones de derechos fundamentales que justifiquen la nulidad de las resoluciones judiciales. El recurso alegaba que las medidas restrictivas eran arbitrarias, pero el tribunal determinó que las resoluciones fueron emitidas conforme al marco legal vigente.
Además, precisó que el habeas corpus no puede ser utilizado para cuestionar decisiones jurisdiccionales de fondo, sino únicamente para proteger derechos frente a actos manifiestamente ilegales.
Prisión preventiva ratificada
La medida de prisión preventiva contra Castillo fue dictada inicialmente en marzo de 2023 por un periodo de 36 meses, y posteriormente ampliada por 12 meses adicionales a solicitud del Ministerio Público.
El TC ratificó la vigencia de estas disposiciones, que se sustentan en las investigaciones por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, donde se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado.
El tribunal también rechazó el pedido para anular la detención preliminar y la prisión preventiva dictadas en el marco del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. La defensa buscaba dejar sin efecto las diligencias preliminares impulsadas por la Fiscalía de la Nación, pero el TC consideró que estas medidas no afectan actualmente la libertad personal del exmandatario y que parte de la demanda carecía de objeto jurídico.
Cabe recordar que en diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión, antecedente que se suma a las investigaciones en curso.
Nuevo abogado y reacciones
La defensa de Castillo ahora está encabezada por el exfiscal José Domingo Pérez, quien calificó al exmandatario como "preso político" y anunció que recurrirá a instancias internacionales para lograr su liberación. La designación de Pérez generó reacciones inmediatas: mientras sectores de izquierda respaldan su postura, figuras como Keiko Fujimori lo acusan de actuar con sesgo político.
La decisión del TC reafirma la vigencia de las medidas judiciales contra Pedro Castillo y marca un nuevo capítulo en el proceso que enfrenta por corrupción y por el intento de quebrar el orden constitucional. Mientras tanto, la defensa insiste en denunciar irregularidades y busca apoyo internacional, en un caso que sigue polarizando a la opinión pública y que se perfila como uno de los más trascendentes en la historia política reciente del Perú.
