Suspensión fue declarada inaplicable
18/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/06/2026
El Poder Judicial (PJ) concedió la apelación presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela contra la inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años que aprobó el Congreso de la República en su contra.
Tras oficializarse dicha disposición en diciembre de 2025, la letrada asumió en el último mes de abril el decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el período 2026-2027. Además, logró que el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, sea condenado a nueve meses de prisión (suspendida) por el delito de difamación, tras haberla llamado "desquiciada".
Futuro en manos de la Corte Suprema
A finales de mayo, la Tercera Sala Constitucional de Corte Superior de Justicia de Lima declaró inaplicable las resoluciones legislativas N.º 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR, de fecha viernes 5 de diciembre.
El fallo declaró fundado en parte la demanda de la extitular del Ministerio Público, al señalar que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no explicó cómo la aprobación de un reglamento interno podía constituir delitos o infracciones constitucionales.
Además, precisa una "grave incongruencia" en el procedimiento llevado a cabo por el Parlamento, pues Espinoza Valenzuela fue la única fiscal suprema sancionada; mientras que, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, en la misma situación jurídica, no recibieron sanción alguna.
La abogada solicitó su reincorporación como fiscal de la nación y fiscal suprema titular. Desde el Congreso, a través de su Procuraduría Pública, apelaron la Resolución N.º 6 de la Tercera Sala Constitucional, reafirmando las causales que propiciaron la suspensión de la abogada.
Motivo de la suspensión de la administración pública
El procedimiento comenzó con la formulación de la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes acusaban a la extitular de la Fiscalía de la Nación de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
El informe final que recomendaba su inhabilitación fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. Desde el Legislativo han sostenido en todo momento que Espinoza Valenzuela incurrió a la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
Sobre este hecho, el Congreso la responsabilizó de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024.
No obstante, su defensa alegó que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.
Este nuevo capítulo de conflictos entre Delia Espinoza y el Legislativo podría llegar a un desenlace con lo que pueda resolver próximamente el Poder Judicial.
