26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/06/2026
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este viernes 26 de junio, el informe final de la Denuncia Constitucional N.º 498 formulada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y su exministro de Energía y Minas, Eduardo Eugenio González Toro.
Cabe precisar que, el procedimiento corresponde a la investigación seguida por la designación del también excongresista Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Perupetro S.A., en enero de 2022.
Nombramiento habría sido sin respetar el procedimiento administrativo y por no acreditar experiencia
De acuerdo con el informe sustentado por la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular), el nombramiento se habría realizado sin respetar el procedimiento administrativo correspondiente y sin acreditar, previamente, los requisitos legales exigidos para ocupar dicho cargo.
Durante la sustentación de su texto acusatorio, la legisladora sostuvo que la resolución suprema que oficializó la designación de Salaverry Villa fue firmada y publicada el 9 de enero. Sin embargo, indicó que el informe jurídico fue solicitado recién al día siguiente y emitido 24 horas después, cuando el nombramiento ya se había concretado.
En esa línea, la parlamentaria señaló que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas debía verificar previamente el cumplimiento de los requisitos legales. No obstante, según lo expuesto, la jefa de dicha oficina tomó conocimiento del nombramiento cuando este ya había sido publicado.
Bajo esta consideración, el informe final precisó que la normativa no solo exigía únicamente contar con título profesional, sino también acreditar "capacidad técnica, trayectoria profesional y experiencia vinculada al giro de la empresa estatal". En el caso de Perupetro, según la sustentación, resultaba necesario demostrar conocimiento en el sector hidrocarburos.
Además, Chirinos afirmó, que la Contraloría concluyó que la documentación presentada no acreditaba que Salaverry cumpliera los requisitos exigidos. También señaló, que el informe jurídico posterior no habría demostrado de manera suficiente la idoneidad legal del designado.
Responsabilidad del expresidente y exministro de Energía y Minas
Como medios probatorios presentados, respecto al expresidente Pedro Castillo, el informe sostuvo que firmó la resolución suprema que formalizó la designación. Además, menciona la existencia de un registro de visitas que acreditaría una reunión entre el exmandatario y Salaverry Villa, el mismo día de la suscripción. En el caso de Eduardo González Toro, el documento indica que participó en el acto administrativo al suscribir la resolución en su condición de ministro de Energía y Minas.
En ese sentido, la Subcomisión recomendó acusarlos por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, y nombramiento ilegal, tipificado en el artículo 381.
Asimismo, el informe plantea levantar el fuero de ambos exfuncionarios para que el Ministerio Público continúe con el proceso penal y el Poder Judicial determine las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, el informe final fue aprobado en mayoría con nueve votos a favor y cuatro en contra.

