Retrasos en las diligencias
19/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/05/2025
Durante una entrevista con Exitosa Noticias, Betty Aguilar, hermana de Sonia Aguilar quien murió en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte en enero de 2023, denunció serias trabas en la investigación del caso, principalmente por los constantes cambios de fiscales. Según detalló, esta situación ha generado retrasos en las diligencias del Ministerio Público.
"Con la señora Delia han cambiado de fiscal. Nosotros tenemos que viajar 20 horas para estar aquí. Hay pruebas, hay videos, ellos mismos se grabaron con armas. Esas pruebas están en el Ministerio Público", declaró Aguilar, visiblemente afectada.
Asimismo, señaló que la pérdida de su hermana ha causado un profundo impacto en su familia: "El 18 de enero nos han quitado, nos han matado en vida a toda mi familia. Mi hermana no era terrorista como nos han tildado. Era una profesional y madre de dos hijos, de 3 y 5 años. Para nosotros esto es un dolor muy grande".
¿Qué exigen los familiares de las víctimas?
Betty Aguilar manifestó que buscan justicia y que la presidenta Dina Boluarte, junto a sus exministros, asuman su responsabilidad por las muertes ocurridas durante las protestas.
También lamentó que no han recibido apoyo legal desde el inicio del proceso. Aguilar informó que han enviado cartas y peticiones a instancias internacionales, incluyendo al papa, con la esperanza de visibilizar el caso a nivel global
"Queremos que pague Dina Boluarte y los ministros involucrados. Dina es una asesina. Esperamos que pague con todo el peso de la ley. Nadie nos apoyó ni con abogados. Seguiremos luchando hasta el último día de nuestras vidas, esperábamos bastante tiempo estos espacios para referirnos a nivel mundial, porque estas violaciones a nuestros derechos no pueden quedar impunes", expresó.
¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía?
La Fiscalía de la Nación presentó recientemente una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros, por presuntos delitos de lesiones leves y graves cometidos durante las manifestaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Entre los denunciados figuran los ex jefes del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y Pedro Angulo Arana, así como los exministros del Interior César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero. Según la tesis fiscal, las víctimas incluyen a ciudadanos como Ronald Rojas Ramos y Michael Chipana Vega.
Por su parte, el ex premier Alberto Otárola rechazó la acusación a través de su cuenta en la red social X, calificándola como "un ejercicio abusivo del derecho" y afirmó que se trata de una tercera denuncia sobre los mismos hechos. "¿Salieron a pescar? ¿Saben los fiscales lo que significa el ne bis in idem?", escribió.
El caso por las muertes en las protestas de 2023 continúa abierto y enfrenta obstáculos procesales. Mientras los familiares exigen justicia, la Fiscalía de la Nación ha iniciado acciones legales contra altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, cuyo desenlace dependerá de la evaluación del Congreso y del avance de las investigaciones.
