Nuevo revés para el exmandatario
27/06/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/06/2025
A minutos de que empiece la lectura de la resolución que lo puede enviar a prisión por seis meses, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo presentada por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo en contra de la inhabilitación impulsada por el Congreso para que no ejerza la función pública por cinco años.
Es importante mencionar que, la apelación presentada por el exmandatario corresponde a lo resuelto por el Parlamento el pasado 11 de mayo de 2022, la cual se materializó en la Resolución Legislativa del Congreso N.º 016-2021-2022-CR. El Poder Legislativo lo procesó por haber infringido la Constitución al ser miembro de su empresa cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, dicha compañía brindó servicios profesionales a Obrainsa.
Análisis del TC
El máximo interprete de la Constitución evaluó el recurso de agravio constitucional interpuesto por el exjefe de Estado, quien denunció la vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso interpuesto desde el Legislativo.
En esa línea, Vizcarra Cornejo acusó también la falta imparcialidad del juez que atendió sus apelaciones, un aparente atentado al debido procedimiento parlamentario, la restricción a su derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política y a ser elegido, así como la falta del principio de legalidad en el caso.
Tras la evaluación por parte de los magistrados del TC determinaron que no existe violación al debido proceso formal en el procedimiento que antecedió a la inhabilitación de Vizcarra Cornejo, señalando que sí existieron razones sustantivas suficientes para justificar dicha inhabilitación.
¿Por qué fue inhabilitado Martín Vizcarra?
De acuerdo con la denuncia formulada por la excongresista Yeni Vilcatoma, Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, mantuvo vínculo societario con su empresa V y C Vizcarra SAC, en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio, habiendo favorecido los intereses de la empresa Obrainsa, hecho que generó su infracción al artículo 126 de la Carta Magna.
Vale recordar que, el informe final de la Comisión Permanente que fuera presentado ante el Pleno del Congreso concluyó en que el exmandatario sí cometió infracción constitucional en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas, siendo funcionario público.
Tras el debate, con 67 votos a favor, cinco en contra y 15 abstenciones, la representación nacional aprobó su inhabilitación por un periodo de cinco años, sumada a la inhabilitación por 10 años por el caso 'Sinopharm' en 2021 y la del cierre del Congreso en septiembre del 2019, aprobada recientemente hace pocas semanas.
De esta manera, el expresidente sufre un duro revés previo a que el juez Víctor Alcocer decida la suerte de su libertad.
