Proceso por corrupción
12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/01/2026
El abogado penalista Rolando Bazán explicó que la condición de Castillo es crítica, pues la Fiscalía lo señala como líder de la organización criminal "Los Socios del Callao". Esta figura agrava su responsabilidad penal, ya que no se trata solo de participación en actos de corrupción, sino de dirigir una estructura delictiva.
Actualmente, el Poder Judicial le impuso 24 meses de prisión preventiva, aunque el Ministerio Público había solicitado 36 meses, considerando el riesgo de fuga y la elevada prognosis de pena.
La acusación fiscal
La investigación sostiene que la organización habría operado durante el 2023 en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo, direccionando más de 63 contrataciones de baja cuantía —de hasta 8 UIT— para defraudar al Estado.
El perjuicio económico se estima en S/ 1 461 121,10. Estas contrataciones, al ser directas y con menos requisitos, habrían sido utilizadas como mecanismo para el desfalco.
Bazán subrayó que la colusión agravada implica penas de entre 15 y 20 años, pero al sumarse la acusación por organización criminal y el rol de liderazgo, la condena podría alcanzar los 30 años de prisión. Este cálculo fue considerado por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz al dictar la prisión preventiva, señalando que la elevada pena proyectada justificaba la medida cautelar.
Aunque Castillo acreditó arraigo familiar, el juez concluyó que no cumplía con otros arraigos laborales y domiciliarios, lo que aumentaba el riesgo de fuga. De hecho, desde diciembre de 2025 el gobernador se encuentra prófugo, y el Poder Judicial ordenó su inmediata ubicación y captura, instruyendo a la Policía Nacional a intensificar esfuerzos para detenerlo.
Gobernador en funciones
Pese a la medida judicial, Castillo sigue siendo gobernador del Callao hasta el 15 de enero de 2026, fecha en que se dará la vacancia y asumirá su accesitaria. Esta situación genera incertidumbre política en la región, pues se trata de un caso emblemático de corrupción en gobiernos regionales, con fuerte repercusión mediática y social.
El caso de Ciro Castillo refleja la gravedad de los procesos por corrupción y organización criminal en el país. Con una prognosis de hasta 30 años de cárcel y una orden de captura vigente, su futuro político y judicial se perfila como uno de los más complejos. El desenlace marcará un precedente sobre cómo el sistema de justicia enfrenta a autoridades regionales vinculadas a redes criminales.
