Disputa por terrenos
14/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 14/11/2025
Un conflicto se ha desatado en el distrito de Ilabaya luego de que la familia Salazar Pino denunciara que la municipalidad tomó posesión de su predio familiar para iniciar una construcción irregular sin previo aviso ni documentación que acredite que sea de propiedad municipal.
"Nosotros tenemos el documento más antiguo. La municipalidad sabía que el terreno era de la familia y aun así destruyeron nuestras viviendas", declaró Jorge Salazar Pino.
El hecho ocurrió el 28 de junio, cuando personal municipal ingresó de madrugada y demolió tres casas de madera en las que vivían miembros de la familia y un adulto mayor. "Han esperado un feriado para hacerlo. Todo fue adrede", añadió Salazar, visiblemente afectado.
Sin notificación y con la obra en marcha
Según la familia, nunca recibieron una notificación formal sobre el supuesto desalojo. "El mismo alcalde conoce a mis hermanos, a ninguno le comunicaron nada", sostuvo Salazar, quien recordó que en el predio existían dos módulos habitacionales completos con sala, cocina y baño. Mientras tanto, la construcción irregular del colegio continúa y ya supera el 40% de avance.
Según lo dicho por Vega, sin respuesta a la carta enviada al burgomaestre y sin aviso previo, el 28 de junio a horas 7:00 a. m. maquinaria municipal y de la empresa Zeus ingresó al predio destruyendo todo a su paso
Denuncia penal y proceso civil
El abogado de la familia, Javier Loaiza, informó que se han interpuesto dos acciones legales: una por la vía civil, para recuperar el predio, y otra por la vía penal, por los daños materiales y psicológicos causados.
"La municipalidad tenía pleno conocimiento de la existencia del terreno y de su antigüedad en registros públicos. Construir sobre terreno ajeno demuestra mala fe", afirmó Loaiza.
El letrado precisó que la familia ha solicitado la anulación de la partida de Cofopri que se superpone a la propiedad original. Además, evalúan pedir una medida cautelar que ordene la paralización de la obra mientras se resuelve el caso.
Posibles responsabilidades y futuro incierto
La defensa de la familia advierte que los funcionarios municipales podrían enfrentar responsabilidades penales y civiles por haber impulsado un proyecto en un terreno sin libre disponibilidad. "Este gasto podría convertirse en una pérdida millonaria para el Estado", sostuvo Loaiza.
"No estamos en contra de la educación, pero sí de que se construya de manera irregular, dañando a otros vecinos", enfatizó Jorge Salazar.
En resumen los afectados insisten en que no se oponen al desarrollo educativo, sino a la forma en que se ejecuta la obra , ya que fueron desalojados de una manera agresiva
