16/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 16/03/2026
La seguridad del penal de Chiclayo se puso a prueba el último fin de semana, cuando agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron el intento de fuga de un interno sentenciado a 35 años de cárcel. El hecho ocurrió en la zona conocida como "tierra de nadie", colindante con el torreón N.° 08 del establecimiento, donde el recluso fue sorprendido trepando la malla de contención.
El interno fue identificado como Luis Antony Asalde Chávez, de 27 años, condenado por el delito de robo agravado con muerte subsecuente. Según el reporte oficial, los custodios detectaron movimientos sospechosos y, al confirmar que el recluso intentaba escalar la malla, activaron de inmediato los protocolos de seguridad. La rápida intervención permitió reducirlo antes de que lograra abandonar el recinto.
Proceso disciplinario y posibles medidas
Tras el incidente, Asalde Chávez fue trasladado al área de meditación del penal y se inició un proceso disciplinario en su contra. El INPE informó que este procedimiento podría derivar en su traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad, como medida preventiva para evitar nuevos intentos de fuga.
Además, la institución anunció que se intensificarán los controles en todos los penales del país, siguiendo disposiciones del jefe de la entidad, Jorge Cotos Ochoa.
La condena de Asalde Chávez se remonta a un hecho ocurrido el 17 de enero de 2019 en el distrito de José Leonardo Ortiz, Lambayeque. De acuerdo con la investigación fiscal, el interno interceptó a la víctima Roberto Antonio Rojas Chauca junto con otros dos sujetos, en un asalto que terminó con disparos y la muerte del joven motociclista.
La Fiscalía sustentó la acusación con la declaración de un testigo protegido y peritajes de la Policía, logrando que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque impusiera la pena de 35 años de prisión.
El intento de fuga pone en evidencia la importancia de los protocolos de seguridad en los establecimientos penitenciarios, especialmente en casos de internos con condenas largas por delitos violentos. La acción rápida de los agentes evitó un hecho que pudo haber tenido consecuencias graves para la seguridad ciudadana.
El frustrado intento refleja tanto los riesgos permanentes en los centros penitenciarios como la capacidad de respuesta del personal del INPE. Con un proceso disciplinario en marcha y la posibilidad de traslado del interno, las autoridades buscan reforzar la confianza en los mecanismos de vigilancia y control, en un contexto donde la seguridad penitenciaria es clave para la tranquilidad pública.

