Organización criminal
21/02/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 21/02/2023
La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito de colusión simple.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución liderada por Patricia Benavides precisa que también se formalizó investigación contra el prófugo de la justicia, Juan Silva Villegas, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, como presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple.
Según el reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.
De igual modo, en contra de Geiner Alvarado López, en su calidad de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como presunto autor del delito de organización criminal. Este último mostró su disposición para que continúen las indagaciones y no presentó objeciones al proceso tanto en el Congreso como en la Fiscalía.
Cabe precisar que el exjefe de Estado actualmente se encuentra cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión, tras su intento fallido de golpe de Estado en donde anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial.
A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.
Denuncia constitucional
Como se recuerda, el pasado 17 de febrero, el pleno del Congreso aprobó, con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de resolución legislativa que recomienda acusar constitucionalmente tanto al exjefe de Estado como los dos referidos exministros de Estado.
Asimismo, se dispuso que el expediente de la investigación desarrollada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.
