Pedido fiscal de archivo
12/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/10/2026
El Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó al Poder Judicial archivar por completo el denominado caso Antalsis. Como se sabe, esta disposición beneficia directamente a Vladimir Cerrón, al empresario Martín Belaunde Lossio y a 25 personas comprendidas en la investigación inicial.
El pedido formal ingresó al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dirigido por el juez Leodan Cristóbal Ayala. Ante ello, la autoridad judicial convocó a una audiencia virtual e inaplazable para el jueves 5 de noviembre a las 3:00 p.m., donde se tomará la decisión definitiva sobre este proceso penal.
Juez otorga 10 días de plazo tras recepción del 9 de octubre
Luego de recibir la solicitud del Ministerio Público el último 9 de octubre, el magistrado Leodan Cristóbal Ayala dictaminó un plazo de diez días hábiles para que las partes involucradas presenten sus observaciones.
Cabe mencionar que, durante el pasado 10 de abril, el mismo tribunal declaró fundado un requerimiento anterior que archivó el delito de colusión agravada contra Vladimir Cerrón por 'sospecha insuficiente'. Los procesados mantienen el derecho de requerir actos de investigación adicionales si lo estiman pertinente.
No obstante, el Poder Judicial dispuso que el líder del partido Perú Libre siga ligado al proceso en el ámbito civil. Esto ocurre con la finalidad de asegurar el cobro de una eventual reparación a favor del Estado.
Fiscalía investiga defraudación de 26 millones de soles en Junín
El caso Antalsis se basa en la tesis fiscal sobre la formación de una presunta red encabezada por Martín Belaunde Lossio. En esa línea, las autoridades rastrearon actividades ejecutadas durante la etapa en la que Vladimir Cerrón ocupó el cargo de gobernador regional de Junín entre los años 2011 y 2014.
Las indagaciones principales se enfocaron en los procesos de licitación y en la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Según los datos del Ministerio Público, estas operaciones habrían generado al Estado una defraudación calculada en más de 26 millones de soles.
El proceso penal contemplaba originalmente atribuciones por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. Ahora, el juzgado determinará el futuro de este expediente durante la próxima audiencia pública.
