Denuncia represalias
13/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/01/2026
El fiscal José Domingo Pérez denunció que su suspensión por seis meses responde a un "abuso de poder" ejercido por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. En entrevista con Exitosa, Pérez sostuvo que la medida forma parte de una estrategia para desactivar los equipos especiales que investigaban casos emblemáticos de corrupción, como Lava Jato.
Según explicó, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dirigida por Juan Antonio Fernández Jerí, reactivó un proceso disciplinario en su contra con el objetivo de apartarlo del cargo. Para Pérez, esta decisión no es aislada, sino que se enmarca en una serie de represalias contra fiscales que han liderado investigaciones sensibles.
"A mí se me ha apartado dentro de este marco de acusaciones bastante cuestionadas que ha adoptado el señor Tomás Gálvez", señaló.
El fiscal también advirtió que su suspensión coincide con un momento clave en el caso Cócteles, vinculado a la lideresa de Fuerza Popular. El magistrado que lo reemplaza deberá decidir si apela o no la resolución judicial que archivó el proceso. Para Pérez, esta coincidencia refleja presiones indebidas sobre quienes continúan en los casos Lava Jato, generando un clima de amenaza constante.
Antecedentes de tensiones
Pérez recordó que no es la primera vez que fiscales anticorrupción enfrentan presiones desde la cúpula del Ministerio Público. Mencionó el caso de Pedro Chávarry en 2018, cuando se intentó removerlo de las investigaciones, y la decisión de Patricia Benavides de afectar al fiscal Rafael Vela.
"Ahora en mi caso, el señor Tomás Gálvez con esta decisión que desactiva los equipos especiales y trae como consecuencia la reactivación de estas actuaciones de la Autoridad Nacional de Control", afirmó.
La suspensión de Pérez se da en medio de un escenario complejo para el Ministerio Público, marcado por tensiones internas y cuestionamientos a la independencia de los fiscales que investigan corrupción política.
La medida contra uno de los rostros más visibles del equipo Lava Jato reaviva el debate sobre la autonomía del sistema judicial y el impacto que estas decisiones tienen en procesos de alto interés público.
Las declaraciones de José Domingo Pérez ponen en evidencia las fracturas dentro del Ministerio Público y la fragilidad de los equipos especiales creados para investigar corrupción. Con su suspensión, se abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro de los casos Lava Jato y la capacidad del sistema judicial de actuar con independencia frente a presiones políticas.
