Caso Odebrecht
02/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/05/2025
Alejandro Toledo, expresidente de la República condenado a 20 años de prisión por el caso Odebrecht, solicitó cumplir su sentencia en arresto domiciliario tras acogerse a una reciente norma aprobada por el Congreso.
La Ley N.º 32181 permite que las personas mayores de 80 años puedan afrontar sus condenas fuera de un penal por razones humanitarias, bajo las restricciones que determina el Nuevo Código Procesal Penal.
La solicitud presentada por la defensa de Toledo se encuentra actualmente en el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, y está pendiente de evaluación. Según su abogado, ya se presentó el pedido formal y se espera que el juez convoque a una audiencia o remita la solicitud al Ministerio Público para su opinión.
Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023 y sentenciado en octubre de 2024. Desde entonces, cumple prisión en el penal de Barbadillo. Su defensa espera que, conforme a la nueva norma, pueda abandonar el penal en los próximos días y continuar su condena en casa.
¿Quiénes más podrían beneficiarse de esta norma?
Además del expresidente, varios personajes vinculados a casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos también podrían beneficiarse. Uno de ellos es Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, quien cumplirá 80 años en mayo y podría acogerse a la misma ley.
A pesar de tener múltiples condenas por delitos como violaciones de derechos humanos, un fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2024 establece que la pena máxima impuesta debe ser tomada como única, lo que le permitiría solicitar libertad total en 2026.
Otro caso reciente es el de Rómulo Peñaranda, condenado a 35 años por corrupción en el caso Lava Jato. Dado que tiene 82 años, cumplirá su condena en arresto domiciliario. También se prevé que Pedro Pablo Kuczynski (86 años) y Osmán Morote, exnúmero dos de Sendero Luminoso, soliciten este beneficio.
¿Qué dice el Congreso y el Poder Judicial?
Frente a esta situación, algunos congresistas han reaccionado. Milagros Aguayo, de Renovación Popular, presentó un proyecto para modificar la ley y excluir a sentenciados por delitos graves como terrorismo, violación de menores o tráfico ilícito de drogas. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia, aunque no incluyó delitos de corrupción ni lavado de activos.
El penalista Fernando Silva señaló que el Poder Judicial no actúa de oficio, sino a petición de parte, y que cada caso debe evaluarse individualmente. Para él, los jueces deben convocar audiencias para valorar si se cumplen los requisitos procesales establecidos por ley.
La aplicación de la Ley N.º 32181 ha abierto una vía legal para que sentenciados mayores de 80 años, incluidos altos exfuncionarios y exasesores involucrados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, puedan cumplir sus condenas en casa.
