Presuntos privilegios
17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/03/2026
La transparencia en la administración del Congreso vuelve a estar bajo la lupa. En medio de cuestionamientos previos contra la Oficialía Mayor por falta de rendición de cuentas, un nuevo pedido de información podría abrir un debate sobre privilegios y beneficios dentro del Parlamento.
Un documento difundo por el periodista Alonso Ramos señala que el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros habría solicitado al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Florez una copia de los acuerdos de la Mesa Directiva relacionados con dos aspectos sensibles.
El primero de ellos es la incorporación de trabajadores al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) sin cumplir los años de servicio exigidos por ley, y un presunto acuerdo administrativo que permitiría a altos funcionarios del Congreso mantener la remuneración correspondiente a su nivel incluso después de dejar el cargo.
El pedido de Burgos
En el documento, Burgos invoca el artículo 96 de la Constitución, que faculta a los congresistas a ejercer control y fiscalización, y el Reglamento del Congreso. Su solicitud apunta directamente a esclarecer si existieron decisiones administrativas que otorguen beneficios salariales más allá del ejercicio efectivo de funciones, lo que podría configurar un privilegio irregular.
Nuevas tensiones con Oficialía Mayor
El pedido se suma a una serie de altercados previos entre Burgos y Forno. A mediados del 2025, el congresista de Podemos Perú ya había exigido la salida del Oficial Mayor por negarse a entregar información a la Comisión de Fiscalización a raíz de cuestionamientos por la compra millonaria de un edificio para el nuevo sistema bicameral.
Asimismo, en febrero del mismo año, la Mesa Directiva ratificó a Forno en el cargo tras rechazar pedidos de destitución por, primero, la presunta falta de transparencia en la designación de funcionarios para puestos de jefatura; y segundo, por supuestos vínculos con el caso de Jorge Torres Saravia, exjefe del Área Legal y Constitucional, acusado a su vez de liderar la presunta red de prostitución en el Parlamento.
De confirmarse la existencia de este presunto acuerdo, el caso podría escalar a un debate sobre privilegios en el Congreso, en medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política. Asimismo, la Contraloría o el Ministerio Público podrían intervenir si se hallan indicios de irregularidad en el uso de recursos públicos.
Aunque aún se espera la confirmación oficial de la veracidad del documento, el pedido pone en agenda un tema sensible: la posibilidad de que altos funcionarios del Congreso mantengan sueldos completos incluso tras dejar el cargo.
En un Parlamento marcado por cuestionamientos de transparencia, este nuevo episodio podría convertirse en un punto de quiebre para revisar los beneficios administrativos, reforzar la fiscalización interna y definir la posición de la ciudadanía de cara a los próximas elecciones, donde diversos parlamentarios buscan la relección.
