Tras atentados
16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/08/2025
En diálogo exclusivo con Exitosa, el adjunto de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, José Luis Quequejana, alertó que el deficiente control y fiscalización de explosivos fomenta mercado negro que abastece a actividades ilegales y redes criminales. Además, detalló que se pueden conseguir un cartucho de dinamita a S/10.
Defensoría del Pueblo preocupada por tráfico ilegal de explosivos
Un artefacto explosivo estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, dejando heridos, más de 20 viviendas destrozadas y provocando cortes de luz, la noche del último 14 de agosto. El ministro del Interior, Carlos Malaver aseguró que, según las primeras diligencias, el atentado sería por una presunta disputa entre organizaciones criminales.
Esta situación ha generado alarma en el país debido a la crisis de inseguridad y criminalidad. En ese marco, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el tráfico ilegal y el mercado negro de explosivos que pone en riesgo la seguridad nacional. Por ello, el adjunto de medio ambiente de dicha institución, José Luis Quequejana, se comunicó con el programa 'Hablemos Claro' para abordar el tema.
Según detalló, sería la minería ilegal que consume más explosivos, alegando que "serían por lo menos entre 800 millones a mil millones de dólares se estaría gastando por año consumiendo en el mercado negro". Debido a una falta fiscalización, estos artefactos terminan en manos de los extorsionadores y las bandas criminales.
"Tanto así que usted puede conseguirlo, por ejemplo, acá nomás en centros mineros cercanos a Lima, acá en Canta, Carabayllo, explosivos que puedes conseguir a S/10 a S/12 un cartucho de dinamitas, que van a parar a extorsionadores", señaló Quequejana.
Llamado de atención al Poder Ejecutivo tras atentados
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo señaló que "la minería ilegal que se ha discriminado por el tema del precio internacional del oro ha hecho que se concreten mercados paralelos de insumos de estos grupos que se ha identificado como los que alimentan a la criminalidad".
En ese marco, lamentó los recientes atentados ocurridos, no solo en Trujillo, sino también en el Callao, donde se detonó un artefacto explosivo en un gimnasio, cuyos propietarios habrían sido víctimas de extorsión. A ello, se sumaría el asesinato de una persona frente a su familia en la Plaza San Martín del Cercado de Lima.
Ante estos hechos, a través de un comunicado, la entidad liderada por Josué Gutiérrez, exhortó al Poder Ejecutivo y a los operadores del sistema de justicia a asumir con mayor liderazgo, eficacia y coordinación su rol en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.
De esta manera, tras el reciente atentado en Trujillo, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por el tráfico ilegal y el mercado negro de explosivos, asegurando que el deficiente control y fiscalización de estos artefactos hace que terminen en manos de organizaciones criminales.
