27/03/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 27/03/2026
La reciente solicitud del Congreso para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destine más de S/6 mil millones en el presupuesto del 2026 ha encendido las alertas en el ámbito económico.
Según el especialista José Mesía, decano del Colegio de Economistas de Lima, esta exigencia no solo presionaría las cuentas fiscales, sino que tendría un impacto directo en la inversión pública y el desarrollo del país.
En entrevista para Exitosa, Mesía explicó que la medida obligaría al Ejecutivo a buscar recursos de manera inmediata, lo que podría afectar áreas clave.
"Para el año dos mil veintiséis, está pidiendo el Congreso, estaría forzando al MEF para que busquen seis mil quinientos millones para este año, para poder ejecutar esta norma a partir de este año", señaló.
Impacto fiscal y riesgo en inversiones
En esa línea, advirtió que el ajuste tendría consecuencias directas en el crecimiento económico. A su juicio, el incremento del presupuesto podría desbalancear el equilibrio macrofiscal del país.
"Lo más probable es que afecte los montos de inversión que requiere el país para su desarrollo económico y es el efecto que va a tener en cuanto al equilibrio no solamente macro fiscal, sino conlleva a no atender en servicios básicos al país, en no atender en las inversiones que se requieren para el crecimiento del país", agregó.
El especialista también cuestionó la forma en que el Congreso estaría impulsando este gasto, calificándolo como una medida irresponsable. En ese contexto, alertó que muchas de estas iniciativas aún no han sido evaluadas en su totalidad, lo que incrementa la incertidumbre sobre su verdadero costo.
Posible efecto social y medidas legales
Otro de los puntos críticos que destacó Mesía es el posible "efecto en espejo" que generaría la aprobación de este tipo de normas. Según explicó, la homologación de beneficios podría motivar a otros sectores a exigir condiciones similares.
"Se genera un efecto espejo en otros gremios que van a pedir lo mismo. Por eso es que en el comunicado claramente decimos que esto puede llegar a tener una connotación de convulsión social en la medida en que es evidente que hay derechos que se tienen que tratar igual a todos", advirtió.
Ante este escenario, el especialista consideró necesario que el Ejecutivo tome acciones legales.
"Lo que se espera es que haya una actitud responsable por parte del Ejecutivo de acudir al Tribunal Constitucional y presentar las demandas por estas leyes que son evidentemente inconstitucionales", afirmó.
Más allá del impacto inmediato en el presupuesto, la presión sobre las finanzas públicas podría afectar la inversión, los servicios básicos y generar tensiones sociales, dejando en manos del Ejecutivo la responsabilidad de frenar o corregir el rumbo mediante mecanismos legales.


