Desde el Congreso
13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 14/04/2026
El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó dos denuncias contra las máximas autoridades electorales del país: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.
Las acusaciones se basan en las graves irregularidades registradas durante las elecciones generales de este último domingo 12 de abril de 2026, cuando más de 52 mil ciudadanos se vieron impedidos de ejercer su derecho al voto por falta de material electoral en al menos 211 mesas.
La denuncia contra Corvetto
En el documento dirigido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Martínez acusa a Corvetto de "negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes constitucionales", señalando que la ONPE no garantizó la entrega oportuna del material electoral. El congresista solicita su remoción del cargo y una suspensión preventiva mientras dure el procedimiento disciplinario.
La denuncia menciona la infracción de los artículos 31°, 39°, 176° y 177° de la Constitución, que consagran el derecho al sufragio y la obligación de las autoridades de asegurar procesos electorales transparentes y eficientes.
La denuncia contra Burneo
En paralelo, Martínez presentó una acusación constitucional contra Burneo Bermejo, en su calidad de presidente del JNE, por presunta infracción de los artículos 31°, 142°, 176° y 178° de la Carta Magna. El congresista sostiene que el JNE no actuó con la diligencia necesaria para garantizar la instalación de las mesas y la protección del derecho al voto.
El pedido incluye que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inicie el procedimiento, investigue los hechos y, de ser el caso, recomiende la acusación ante la Comisión Permanente y el Pleno.
Las denuncias se presentan en un ambiente de fuerte cuestionamiento a la ONPE y al JNE. El domingo 12 de abril, miles de electores no pudieron sufragar por la falta de material en varios locales, especialmente en Lima. La ONPE atribuyó el problema a la empresa Servicios Generales Galaga, contratada para la distribución, que incumplió con la entrega de vehículos y materiales.
El JNE, por su parte, dispuso la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 de abril, medida que permitió que los afectados pudieran votar. Sin embargo, las críticas persisten y varios candidatos han cuestionado la legitimidad del proceso, aunque la Fiscalía descartó indicios de fraude.
Las denuncias contra Burneo y Corvetto marcan un nuevo capítulo en la crisis electoral de 2026. Mientras la ONPE intenta recuperar la confianza ciudadana con medidas como el uso de su propia flota vehicular, el Congreso abre la puerta a procesos disciplinarios y constitucionales contra las principales autoridades electorales.
