Disputa comunal
21/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 21/01/2026
La Comunidad Campesina de Vilavilani sostiene que el actual conflicto privado con la empresa Minsur es consecuencia directa del vencimiento del convenio de servidumbre, situación que —según indican— no ha sido abordada con la voluntad de diálogo que el caso requiere. Los dirigentes aseguran que la empresa mantiene una deuda social y que por acuerdo de asamblea se mantiene un control territorial dentro de sus predios comunales.
Durante una asamblea extraordinaria realizada el último fin de semana, la comunidad decidió rechazar las cartas difundidas por Minsur ante la opinión pública. "La comunidad ha manifestado que retire todo ese tipo de comunicación, porque nos expone ante la opinión pública en un grave peligro", señaló el dirigente comunal Ángel Suxo, presidente de Vilavilani.
Dirigentes aseguran que la empresa mantiene una deuda social
El representante sostuvo que la empresa busca diálogo mientras sostiene denuncias en paralelo.
"Por un lado piden el diálogo y por otro nos denuncian ante la fiscalía. Bajo esa presión no vamos a sentarnos", afirmó.
El eje del desacuerdo radica en el contrato de servidumbre que, según la comunidad, ya no se encuentra vigente. "No tienen contrato de tránsito por nuestros terrenos", expresó Suxo. Según explicó, la empresa estaría usando servidumbres como si fueran vías públicas, hecho que la comunidad rechaza.
Además, aseguró que existen denuncias interpuestas por Minsur ante la fiscalía de prevención del delito, argumentando supuestas vulneraciones de ley.
"Nos ponen en denuncias como si estuviéramos atentando contra algo público, cuando esto es entre dos privados", añadió.
Otro punto central es la deuda social. La comunidad afirma que desde 2013 (año de inicio de operaciones) la empresa no ha cumplido compromisos vinculados al desarrollo sostenible.
"La empresa debe reconocer una responsabilidad social. Eso lo hemos planteado", indicó Suxo.
Deuda social y llamados desatendidos
Otro punto central es la deuda social. La comunidad afirma que desde 2013 (año de inicio de operaciones) la empresa no ha cumplido compromisos vinculados al desarrollo sostenible. "La empresa debe reconocer una responsabilidad social. Eso lo hemos planteado", indicó Suxo.
El dirigente también cuestionó a las autoridades por no intervenir cuando aún existía espacio para el diálogo. Según relató, desde abril se enviaron documentos al gobernador regional, prefecto, alcalde provincial y otros, sin obtener respuesta. "Cuando se podía solucionar no vinieron. Hoy solo opinan", expresó.
Aunque el conflicto privado, la deuda social y el control territorial siguen abiertos, la comunidad insiste en que la solución depende del retiro de denuncias y de una negociación sin presiones.
